Transporte de las reses de lidia.  

·         El momento del embarque de las reses, para su traslado desde las fincas hasta los corrales de la plaza o recinto en que hayan de lidiarse, se comunicará, en cuanto sea conocido por el ganadero, a la autoridad gubernativa, que podrá designar a sus agentes para que presencien la operación del embarque, requieran la documentación de las reses o realicen las inspecciones oportunas.

·         El embarque se realizará en cajones individuales de probada solidez y seguridad, cuyo interior habrá de ir forrado con materiales adecuados a fin de que las astas de las reses no sufran daños. Los cajones estarán provistos de troneras para su ventilación.

·         Una vez realizado el embarque, se precintarán los cajones en presencia, si la hubiera, del agente de la autoridad gubernativa.

·         Las reses, durante el viaje, irán acompañadas por la persona que el ganadero designe representante suyo.

·         El desembarque de las reses en las dependencias de la plaza, o en el lugar en que tradicionalmente se realice, se efectuará en presencia del Delegado Gubernativo, del representante de la empresa y de un veterinario designado al efecto, levantándose en ese momento los precintos.

·         El ganadero, o su representante, deberá estar, asimismo, en el desembarque, momento en que entregará al Delegado Gubernativo y al veterinario, copias de la Guía de Origen y Sanidad de las reses y de los certificados de identificación de las mismas, expedidas por el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia.

·         Tras el desembarque, se procederá al pesaje de las reses cuando así se requiera.

·         Del desembarque y del pesaje de las reses se levantará acta por el Delegado Gubernativo, que firmarán todos los presentes, con las observaciones que, en su caso, procedan.

·         El Delegado Gubernativo adoptará las medidas necesarias para que las reses desembarcadas estén permanentemente bajo vigilancia hasta el momento de la lidia.

·         Los Subdelegados del Gobierno y los Alcaldes podrán disponer la colaboración de la Fuerzas de Policía a sus órdenes, a fin de asegurar la correcta prestación de los servicios a que hace referencia el apartado anterior.